El primer ministro británico, Gordon Brown, tiene claro que las redes digitales "serán la columna vertebral" de la economía británica en las próximas décadas "como las carreteras, los puentes, los trenes y la electricidad lo fueron en el siglo XX". Por eso, ha lanzado una propuesta para que la banda ancha llegue a todo el territorio del Reino Unido antes de 2012 que, sin embargo, no deja claro cómo se va a financiar ese desarrollo.
Según un avance del documento publicado por 'The Times', el dinero llegaría de un canon a las compañías telefónicas, ya que se descartan las ayudas gubernamentales, pero ya se han alzado voces críticas debido a que se dejaría la puerta abierta a que empresas de Internet -como Google o Facebook- puedan pagar a las operadoras para que favorezcan la navegación por sus contenidos.
Una opción que, de llevarse a cabo, iría contra la neutralidad de la Red, un movimiento que lucha para que no se premie el tráfico de ninguna compañía a cambio de dinero.
La propuesta ha surgido del ministro de Comunicaciones, Lord Carter of Barnes, quien espera que como muy tarde en 2012 todos los habitantes del país puedan disfrutar de banda ancha a una velocidad mínima de 2 Mb/s. De ello se beneficiarían especialmente 1.750.000 hogares de zonas rurales que no tienen conexiones que les permitan ver, por ejemplo, vídeo a través de la Red.
Para ello se plantea el uso combinado de tecnologías por cable e inalámbricas. El documento, llamado 'Reino Unido Digital', presta especial atención al segundo tipo de conexión y anuncia una 'cuarta generación' de banda ancha móvil para la que se reservará parte del espectro radioeléctrico que quedará libre cuando, también en 2012, se 'desconecte' la televisión analógica.
Sin embargo, la oposición conservadora ya ha alzado la voz y asegura que la velocidad propuesta es escasa cuando, en la actualidad, la media en el país es de 3,6 Mb/s.
Medidas contra las descargas
También cambián en este documento las medidas para luchar contra las descargas a través de redes P2P, que se endurecerán y afectarán especialmente a las operadoras.
Así, como ya pasa en otros países europeos -Francia entre ellos-, tendrán que avisar -obligadas por la ley- a los usuarios si estos descargan contenido protegido por derechos de autor. Quienes reincidan se arriesgarán a que sus datos sean proporcionados a la industria del entretenimiento, que podrá así demandar a internautas concretos.
No se menciona, sin embargo, la posibilidad de cortar la conexión a Internet del ciudadano que infrinja estas normas. Además, se establecerá una agencia estatal para perseguir estos delitos, que será financiada a través de una tasa sobre las conexiones de banda ancha y los CD y DVD.
Información obtenida de http://www.elmundo.es
